CERTIFICaciones DEl INSTITUTO CERVANTES de LYON


Entre las líneas de trabajo del Instituto Cervantes en el ámbito universitario, la evaluación y su vertiente administrativa, así como la certificación, destacan por su importancia en los procesos de enseñanza, aprendizaje y formación del profesorado.

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DELE
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DELE
PARA ESCOLARES
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SIELE
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DADIC

¿Cuáles son las diferencias entre DELE y SIELE?

Los títulos de español DELE y el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) son dos servicios complementarios que forman parte de la oferta de exámenes del Instituto Cervantes, con el fin de dar respuesta a las diferentes necesidades de una gran diversidad de usuarios. Ambos gozan de reconocimiento internacional y cuentan con el respaldo de instituciones de gran prestigio que garantizan sus estándares de calidad y sus buenas prácticas.
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Diplomas DADIC


Los diplomas de acreditación docente del Instituto Cervantes (DADIC) tienen vigencia indefinida y amplio reconocimiento nacional e internacional; además cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.

Los diplomas DADIC del Instituto Cervantes son tres:

  • DADIC Autónomo. Acredita que quien lo posee cuenta con las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de la enseñanza de ELE con fines generales.
  • DADIC Experto. Acredita que el profesor que lo posee puede desempeñar eficazmente su actividad docente en distintos contextos de enseñanza y aprendizaje de ELE participando de manera activa en el centro en el que ejerza.
  • DADIC Formador. Acredita que el profesor que lo posee puede planificar, desarrollar, analizar y ajustar acciones para la formación y desarrollo profesional de los profesores o futuros profesores de ELE.​​​​​

Para centros de enseñanza


El Instituto Cervantes, en tanto que organismo público, está sometido a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Por ello, es su deber contribuir a ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a su actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.